El gatillo fácil como política de estado para "la inseguridad" el modelo brasilero y argentino es hoy la garantía de impunidad para la represión del enemigo interno.

Por Paulo Ribeiro para Enfant Terrible

“El delincuente bueno es el delincuente muerto”. El hecho ocurrido en Río de Janeiro el domingo 7 de abril, cuando militares brasileños asesinaron a Evaldo dos Santos Rosa e hirieron otros dos familiares que viajaban en auto y recibieron 80 disparos, plantea dudas sobre la presente afirmación utilizada por el presidente Jair Bolsonaro y repetida por los adeptos de políticas de mano dura en el proclamado combate a la delincuencia.

La primera versión oficial alegaba que los disparos fueron en respuesta a un supuesto ataque. Sin embargo, las evidencias mostraron lo opuesto, forzando el Ejército a presentar una nueva declaración y tomar las medidas para apresar, suspender y someter a un proceso en la Justicia militar a 10 de los 12 soldados involucrados.

Debido a una ola de robos y violencia durante el carnaval,  el ex presidente Michel Temer autorizó en 2018 la intervención del gobierno central en la seguridad pública de Río de Janeiro, permitiendo así que actúen como policías, patrullando las calles, realizando controles y allanamientos. Esta muerte vuelve a poner en agenda los problemas resultantes de la participación de las fuerzas armadas en el  combate al crimen.

El aumento de la criminalidad alimenta la desesperación y la idea de que el aparato represivo es capaz de enfrentar el problema. Además, la demanda por seguridad abre espacio para un discurso de odio y de respuestas fáciles, que relativizando el alcance de los derechos humanos  incentiva el uso de la violencia como una salida posible.

Las estadísticas mostraron que para el final de la intervención la presencia militar no logró reducir el número de muertes, sino que por el contrario se incrementaron los casos de asesinatos realizados por agentes de la policía.

Ahora bien, cuando en la Argentina la ministra Patricia Bullrich afirmó que salíamos de un paradigma zaffaroniano para pasar a uno donde la víctima es más importante que el victimario, en referencia a la polémica causada por la denominada “Doctrina Chocobar”, me atrevería a preguntar: al final, ¿quiénes son los victimarios?

En este país, desde el retorno de la democracia ya murieron 5462 personas por violencia institucional, según la Correpi.  Del mismo modo, en Brasil el Foro de Seguridad de 2018 concluyó que hombres, negros y jóvenes son las principales víctimas de la violencia policial y del gatillo fácil. 

Los números fríos de las estadísticas se convierten en nombres a medida que los casos repercuten en los medios, como la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, el fusilamiento de Rafael Nahuel y del militante de la CTEP, Rodolfo Orellana. Los del músico Evaldo dos Santos y la concejala Marielle Franco -ambos negros-  incrementan en Brasil la ya extensa lista de víctimas.

De ahí la necesidad de pensar una política de seguridad pública integral, que contemple los 32% puntos de pobreza en que está sumergido el país, las particularidades raciales y culturales de cada región y como eje central la garantía de los derechos humanos, teniendo como norte el diálogo que nos permita superar la dicotomía entre la deficiencia propositiva de la izquierda y la valoración de la violencia por parte de la derecha política.