Esta mañana desde las 10:30 horas la asamblea de ATE (Asociación de Trabajadorxs del Estado) de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación se convocó en la sede de este organismo estatal en Córdoba Capital, para reclamar por la reincorporación por despidos durante el macrismo, pases a planta permanente, salarios dignos y más presupuesto.

En diálogo con Enfant Terrible, Facundo Sarri, delegado de la SAF (delegación Córdoba de la zona norte) explicó que vienen sosteniendo el reclamo “después de 3 días de alerta y movilización”. “Hicimos paro el lunes y hoy hacemos esta acción de visibilización, entregando un petitorio a las autoridades locales de la Secretaría, donde reclamamos algunas cuestiones históricas y sobre la situación actual”.

Por su parte, Carlos Ram, delegado de la zona sur, especificó que: “El reclamo es por las reincorporaciones de compañeras y compañeros que aún están despedidos, no solamente acá en córdoba sino a nivel nacional. También reclamamos por el descongelamiento de las vacantes, lo que son las plantas permanentes. El 98% de las plantas de Agricultura Familiar a nivel nacional estamos con un contrato y desde el 2018 y 2016, fuimos despedidos casi el 70%. Hemos sido reincorporados, pero hoy seguimos en lucha”.

“Tenemos compañeras solteras con un sueldo de 48.000 pesos y con dos hijos, en este momento que la inflación es galopante y se está llevando la mayor cantidad del salario para poder pagar los alquileres o el alimento”

El reclamo es también por mejores condiciones de trabajo, ya que, según contó Carlos: “Estamos totalmente vaciados y desmantelados, sin vehículos, sin internet en la oficina. Por eso estamos con toda la asamblea de ATE SAF para pedirle a las autoridades que reabran una mesa de negociación, por las reincorporaciones de todas las compañeras para que se habilite el pase a planta y solucionar de recategorizaciones”.

Los pobres de la ciudad y "Los pobres del campo"

En una Argentina donde las ganancias del comercio agroexportador no deja de batir récords, y donde ese dinero es recaudado por el Estado en un momento de crisis, los beneficios y las ganancias van para un lado, no así para los sectores campesinos-indígenas. Asimismo, la disputa no sólo es económica, sino también territorial, del campo a la ciudad y viceversa.

“Nosotros trabajamos con una población rural empobrecida, lo que llamamos "los pobres del campo", que son agricultores familiares o campesinos, en algunos casos comunidades indígenas”, continuó comentando Facundo a este medio, y agregó: “Vemos que hay problemas de infraestructura básicos, en el acceso a derechos básicos y es la población a la que necesitamos acercar derechos, trabajando en proyectos productivos. Para eso necesitamos todas las herramientas para llegar al campo, sino no hay manera de llegar”.

Entonces, en este caso cuando se reclama por mejores en condiciones en la ciudad, lo que se busca es mejorar la calidad de los servicios que se otorgan desde el Estado hacia sectores históricamente relegados en materia de derechos, como son los rurales: “Estamos reclamando el Monotributo Social Agropecuario Costo Cero, que es un derecho que tenían los compañeros y compañeras que les permitían no solamente una obra social, poder facturar sus productos, sino poder jubilarse, porque en la economía informal en general y la del campo en particular, ninguno se puede jubilar porque no tiene un trabajo formalizado”.

“Hay un montón de derechos que trabajamos de manera integral con otros organismos, para acceder a la salud a la educación y al agua, por ejemplo”

Continuando con el relato de Facundo, Carlos continuó explicando que: “Desde el año 2014 está aprobada la ley de Agricultura Familiar y todavía no ha sido reglamentada. Por eso en el petitorio pedimos a las autoridades que reglamenten esa ley que fue votada y trabajada por las organizaciones campesinas de la agricultura familiar”.