Nadia falleció en la madrugada del 10 de abril de 2021 en el domicilio de Mario Andreu, un empresario papero quien se presentaba como su "pareja". Los resultados de la autopsia realizada por el Instituto de Medicina Forense de Córdoba revelaron que la joven murió por asfixia por ahorcamiento y no por estrangulamiento, y según las pericias no participó ninguna persona más en la maniobra.

Debido a las pruebas, la Fiscalía de María Eugenia Ferreyra (2da Nominación) decidió el “archivo parcial de las actuaciones en cuanto se refiere al hecho de la muerte de N.A.R, por tener la misma etiología suicida, hecho en el que no ha intervenido ninguna otra persona, y no encuadra en figura penal alguna”.

Pero a pesar de los resultados de la autopsia y las pericias realizadas, la causa de muerte de Nadia no ha sido esclarecida del todo, sobre todo al no tenerse en cuenta las condiciones que hacían a la situación de la joven al momento de su muerte. Cabe destacar que si bien puede tratarse de un "suicidio", en Córdoba hay antecedentes como el caso de la bombera Luana Ludueña, quien se quitó la vida tras ser abusada por el ex Director de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba, Diego Concha, actualmente preso.

Según la madre de Nadia, Susana Balmaceda, la abogada Mara Beltrame y el CEPROH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), quienes vienen siguiendo la investigación del caso desde los inicios, la joven era víctima de violencia por maltrato psicológico y humillación, así como violencia física y sometimiento a la violencia sexual por parte de Andreu.

A su vez, desde la querella sostienen que en la causa de Nadia se han encontrado con indicios relacionados a la trata de personas, como es la captación de jóvenes provenientes de sectores con escasos recursos por parte de personas adineradas, con fines de explotación sexual y servidumbre. Modus operandi que pudo ponerse en evidencia con el caso “Nora”, donde existió connivencia policial, judicial y política.

A raíz de la investigación por la muerte de Nadia, el celular de Andreu fue secuestrado para ser peritado. A raíz de este hecho, en el móvil se encontraron imágenes y videos de menores de edad. Por este hecho, el productor tiene otra causa abierta por “producción de imágenes pornográficas de menores de 18 años en concurso ideal con promoción y corrupción de menores”.

Debido al proceder de la investigación, desde la querella vienen pidiendo la radicación de la causa ante el Juzgado Federal N° 1 de la Ciudad de Córdoba a cargo de Sergio Pinto, con Intervención de la Fiscalía Federal N° 3 a cargo del Carlos Hairabedian por el delito de Trata de Persona con fines de explotación Sexual (cabe mencionar que este último es el actual abogado defensor de Diego Concha).

En este marco, hoy por la mañana realizaron una conferencia de prensa en la puerta de los Tribunales de Villa Dolores para el "No archivo parcial de la causa" y "por la radicación de la causa ante el Juzgado Federal N° 1 de la Ciudad de Córdoba con Intervención de la Fiscalía Federal N° 3 por el delito de Trata de Persona con fines de explotación Sexual".

Durante la actividad, la abogada Beltrame explicó que a pesar del archivamiento parcial “sí quedan pendientes otros delitos por lo que fue imputado, que son lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género, que son cuatro hechos”. También hizo énfasis en que “no podemos dejar de analizar y prestarle especial atención al fallecimiento de Nadia, quien fue víctima de violencia de género de manera permanente de parte de Andreu. Siempre que atravesaba situaciones violentas ella pedía ayuda. Esa noche también solicitó la ayuda”.

“No queremos encerrarnos en esta cuestión de si 'fue o no' suicidio, sino en que esta muerte es aún consecuencia de la violencia de género sufrida. Estas muertes deben ser tratadas con la más amplia perspectiva de género que en lo que no encontramos en la mirada de la fiscal que hoy archiva esta causa”.

“En la causa también avanzamos en la investigación de que Nadia no es la única víctima. Además, hay hechos que corresponden ser investigados bajo la mirada del delito de explotación sexual. En ese sentido, como así lo entendemos, en el mes de mayo efectuamos una denuncia ante el fuero federal junto con Claudio Orosz (abogado de DDHH)”, agregó la letrada. Y finalizó: “de hecho, en estos días está llegando a la Fiscalía el oficio de la Fiscalía Federal N°3, quien solicita que la causa sea remitida al fuero federal para ser investigado ahí por el delito de trata, ya que el delito de trata es de competencia federal y no en la justicia de la provincia”.

Por su parte, la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra también estuvo presente adhiriendo, rechazando el archivamiento de la causa que criticó a “la Justicia de Villa Dolores que muchas veces es selectiva y más cuando se trata de causas donde se enfrenta al poder”.

También estuvo acompañando Laura Vilches, ex legisladora provincial por el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), quien desde el inicio trabaja en la investigación de la causa, quien expresó: “es fundamental visibilizar que en Córdoba hay trata. Venimos peleando para que se condene el tratante de la causa Nora, que tiene características similares desde nuestro punto de vista: varones con poder, vinculados al poder político y que además tienen una diferencia de edad grande con estas mujeres que provienen de familias humildes, donde hay una situación de jerarquía”, especificó la docente.

“Las redes de trata no funcionan sin el amparo político, judicial, policial y económico de los sectores poderosos, tanto de las ciudades como del interior provincial”, agregó Vilches.

También se hicieron presentes acercando su solidaridad desde colectivos como “Traslasierra Sin Miedo”, el cual pidió por todas las víctimas del la región que aún no tienen justicia, así como Myriam Moreno, quien denuncia a su padre Jorge Ramón Moreno, por violencia hacia ella y su familia, para pedir acompañamiento debido a que corre en riesgo su vida.