El pasado 28 de marzo se presentó un "Habeas Corpus Colectivo y Correctivo" a la Juzgado de Control N° 9 de Córdoba por parte de familiares de presxs, organizaciones populares y profesionales del derecho en representación de la población carcelaria. En el mismo se denunciaba la falta de requisitos necesarios para la atención sanitaria adecuada, así como la ausencia de aplicación de protocolos correspondientes ante la emergencia por el COVID-19. En este marco dialogamos con Victoria Siloff, abogada del equipo que elaboró el documento

Familiares de presxs, organizaciones populares y profesionales del derecho presentaron un Habeas Corpus ante la Juzgado de Control N° 9 debido a las condiciones de hacinamiento e insalubridad, la ausencia de implementación de protocolos sanitarios y la escaces de atención e insumos médicos en las cárceles de Córdoba. La respuesta por parte de la jueza a cargo, María Celeste Ferreyra, fue una resolución en la que se limita a reconocer la importancia de las medidas preventivas y realiza "recomendaciones" al Poder Judicial, sin emitir ninguna orden de actuación al Ejecutivo.

Cuando nos contactamos con Victoria Siloff, abogada integrante del equipo redactor del documento presentado, le preguntamos sobre los contextos de insalubridad que ponen en riesgo a la población carcelaria:

"La primer situación que es una amenaza es el hacinamiento. Ya sabemos que en todas las cárceles de la región, no sólo de Argentina, existe un hacinamiento motivado por la cantidad abusos de prisiones preventivas que existen por parte de fiscales y jueces de control que entienden que tener encerrado a alguien es la mejor solución de los diferentes delitos penales".

"Después las condiciones de higiene y salubridad y los protocolos de prevención que no se aplican. Si sabemos que hay personal de la salud que se está quejando porque no tiene insumos, es razonable pensar que en la cárcel pasa lo mismo, las personas presas así lo denuncian. La demanda que surge de las cárceles es que nunca hubo condiciones de higiene ni de salubridad, mucho menos en este contexto de emergencia. No se limpian las celdas ni los espacios comunes, así como tampoco los elementos que se utilizan. Varias personas tienen que dormir en un lugar muy reducido. Dependen exclusivamente de lo que los familiares les lleven, que son paquetes que no siempre llegan y ahí van por ejemplo elementos de higiene personal, medicamentos".

"Otra cuestión fundamental es la falta de acceso a la atención médica adecuada; tiene que haber personal médico las 24 horas en los establecimientos penitenciarios, un número razonable para atender la cantidad de personas que hay y con los insumos necesarios para no tener que trasladar continuamente a los presos hasta un hospital".

¿Qué me podes decir de la respuesta que emitió en su resolución la jueza de control ante una demanda tan grave?

"La jueza se limita a recomendar, cuando lo que la ley le otorga como competencia y capacidad es ordenar. En una República los poderes son independientes y el Poder Judicial es uno de los más imporantes porque hace cumplir las normas; si no se cumplen, es el que impone las sanciones. Acá vemos que cuando el Estado está siendo demandado, o mínimamente cuestionado, no se establece que en caso de incumplimiento habrá tal o cual sanción, se recomienda y no se ordena. Entonces la resolución de la jueza no tiene eficacia jurídica, entonces le quita sentido al proceso, porque lo uno busca es esa eficacia. Lo que ella hace es analizar solamente los informes que surgen del Servicio Penitenciario y del Ministerio de Salud y toma resolución en base a eso. No escucha a la parte que se busca proteger con el Habeas Corpus, que son las personas privadas de su libertad en los establecimientos de la primera cicurcripción, competencia del Juzgado de Control N° 9".

"Lo que nosotrxs dijimos en el Habeas Corpus tampoco es valorado. Ni siquiera se realizó, por ejemplo, la inspección judicial, ni se tuvo en cuenta toda la documental que agregamos que daba cuenta de la situación carcelaria. Entonces ese es el problema, que se basa sólo en información oficial, que en última instancia termina siendo absoluta responsabilidad del Ejecutivo Provincial porque los ministerios dependen de ahí".

¿Cuáles son las próximas medidas que plantean realizar ante este contexto?

"Sabemos que las condiciones para avanzar en la pelea judicial no son buenas, pero sobre todo en estos casos que no podemos salir de nuestras casas y demás, vamos a insistir en las instituciones que tenemos, insistir en que estén a la altura de las circunstancias, que resuelvan como corresponde, en base al Derecho y fundadamente, sin arbitrareidades y de manera eficaz. Seguramente vamos a estar interponiendo una apelación en los próximos días".

"Córdoba es una provincia que ha dado muy poquitas libertades en el marco de la emergencia sanitaria. Los jueces en general creen que en la cárcel no hay asinamiento, que no hay condiciones de riesgo, que no hay casos todavía, cuando en realidad sabemos que hay un silencio abrumador. En Córdoba generalmente no se brinda información pública y veraz como corresponde en una República. Como equipo de abogades creemos que la burocracia de estos organismos no es lo que da justicia, ni lo que resuelve las situaciones crueles y las violaciones que sufren ciertas problaciones, pero entendemos que es una de las herramientas que tenemos".