El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar Ledesma (SOEAIL), denunció penalmente a la empresa ante la muerte de 9 trabajadores por la enfermedad. Paralelamente el sindicato acusó al gobierno de Gerardo Morales por complicidad y negligencia. A pesar de las denuncias, la empresa sólo reconoce 4 muertes y planea hacer un homenaje. “El mensaje de la empresa es contagiensé, enfermensé, hagan los anticuerpos necesarios y los que tienen que morir tendrán que morir porque la economía tiene que seguir”, denunció Rafael Vargas, Secretario General del SOEAIL.

En la ciudad jujeña de Libertador General San Martín la empresa Ledesma SAAI, productora de azúcar, papel, jugo y fruta, publicó el pasado viernes 31 de julio un comunicado: “Al día de la fecha se registran 128 casos positivos entre los empleados de la compañía de Jujuy, dentro de un universo de alrededor de 6000 trabajadores. De ellos, la tercera parte -47 trabajadores-, ya fueron dados de alta y están recuperados”.

El lunes pasado, la empresa aseveró con total claridad: “Dada la difícil situación que vive la comunidad hemos organizado para el día viernes 7 de agosto, en cada uno de los turnos, un homenaje en memoria de nuestros trabajadores fallecidos durante la pandemia”. En el comunicado dejaban en claro que lxs fallecidxs eran 4, evidenciando el negacionismo de su alarmante realidad. Paralelamente, Rafael Vargas el secretario general del SOEAIL, anuncio: “Son 9 los compañeros que ya fallecieron."

Ante la negación de la dirigencia de Ledesma, el sindicato presentó ante la justicia jujeña una denuncia penal el 27 de julio pasado y convocó a un paro de 24 horas que se cumplió este martes pasado. Durante la medida de fuerza exigieron respuestas urgentes ante la situación. Mientras el sindicato lleva adelante estas medidas para visibilizar la situación y pide que se baje la circulación de lxs trabajadorxs, el Gobernador Gerardo Morales no hace nada pese a las denuncias realizadas y paralelamente expone su doble discurso denunciando a la empresa minera Exar como responsable de provocar una cadena de contagios.

El SOEAIL denunció también a directivos de Medicina Laboral de Ledesma por la violación de los artículos 202 y 203 del Código Penal. El primer artículo, indica que será reprimido con prisión de tres a quince años el que propagare una enfermedad peligrosa. El segundo establece que ante la imprudencia, negligencia e impericia en su profesión, o por inobservancia de los deberes a su cargo, se impondrá una multa de cinco mil pesos a cien mil pesos, y si en el caso de que el resultado sea una enfermedad o muerte, se aplicará una pena de seis a cinco años de prisión.

Las condiciones son claras: hay una evidente negligencia por parte de las autoridades empresariales y gubernamentales, donde el sindicato hace denuncias que son evidentes. Pese a que hubo trabajadores que presentaron síntomas de COVID-19, los intimaron a continuar trabajando. Sumado que hay trabajadorxs de más de 60 años o con problemas de salud que los incluye dentro del grupo de riesgo, y para finiquitar, la falta de elementos de bioseguridad y de limpieza en el marco de una provincia donde ya hay circulación viral.

“Los compañeros se nos están muriendo en las casas”, afirma Rafael. La situacion es crítica y parece ser que ya nos acostumbramos a que se resigne la vida del trabajador ante las ganancias de unos pocos. Evidentemente, no, no nos acostumbramos y son las fuerzas de choque sindicales quienes estan al frente de la pelea por un trabajo digno.