El jueves pasado el Ministerio de Agricultura a través de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, inauguró una nueva etapa de conflictividad con sectores productivos y socio territoriales preocupados por la aprobación de siembra y comercialización del trigo transgénico de tecnología HB4.

Hasta ahora la preocupación de las bolsas trigueras es más bien económica y critican al Gobierno Nacional por "unilateral" al aprobar un producto que pone en juego la competitividad del mercado de granos, aunque dicen "apoyar la ciencia nacional" y no dudan "que el trigo HB4 no tiene riesgos ambientales ni de salud pública...".

En este ámbito mercantil, los ojos están en Brasil, principal comprador -en un 50%- de trigo producido en territorio argentino, habiendo suma dependencia de comercialización con el gigante latinoamericano. Es decir, el trigo HB4 también iría a la producción de panificaciones del país vecino (aunque no así a las semillas, tal como sucede en China, Nueva Zelanda y Australia).

La política agrotecnológica del Gobierno Nacional

El nuevo producto tolerante a la sequía de marca 100% nacional, es resultado de la investigación científica que hace 18 años realizan la empresa argentina de biotecnología Bioceres (también llamado "el Monsanto de Argentina") y el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (CONICET-UNL) liderada por la científica Raquel Chan.

Al día siguiente de lanzarse la aprobación del transgénico y en el marco de las críticas, el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, se paró en el Congreso “A Todo Trigo” que encabezó Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores. Aquí Domínguez expuso su defensa:

“Si hay problema de mercado se resolverá en el mercado, con las reglas de mercado. No podemos ser para unas cosas progresistas y para otras conservadores. No soy un trastornado que toma gestos para ir en contra del trigo argentino”.

Algo que destacó en la intervención de Domínguez es el anuncio de una nueva Ley de Semillas que comenzaría a debatirse en el segundo semestre de 2022 en el Congreso de la Nación, además de un proyecto de Desarrollo Agrobioindustrial, colaboración entre el Gobierno y el Consejo Agroindustrial Argentino. Se trata de dos puntos claves e iniciativa del Gobierno Nacional "frente a las consecuencias del cambio climático sobre nuestros sistemas productivos", según sostuvo el titular de Agricultura en marzo y volvió a insistir en el evento triguero.

Las semillas (transgénicas) y el desarrollo agrotecnológico tienen como protagonistas a varias provincias del país como Santiago del Estero, Santa Fe y Chaco, con cuyos gobiernos provinciales el Ministerio ya anunció se encuentra trabajando, junto con el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y cámaras productoras locales, “en un plan estratégico de la región de los Bajos Submeridionales que permitirá a la Argentina incorporar al sistema de producción y mitigación más de 5 millones de hectáreas”.

Lo que se destaca de la agrotecnología que el Ejecutivo Nacional viene desarrollando, es la colaboración con personajes como Hugo Sigman (fundador del Grupo Insud), el "Rey de la Soja" Gustavo Grobocopatel (fundador de Los Grobo), Héctor Huergo (director de Clarín Rural) y Federico Trucco (CEO de Bioceres). Sin embargo esta articulación precede al actual Gobierno, ya que fue impulsada durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015) y continúo durante el macrismo (2015-2019), principalmente en el trabajo conjunto con Bioceres y el patentamiento del HB4.

La idea de impulsar una nueva Ley de Semillas vendría de la mano de estos antecedentes colaborativos, en un fuerte respaldo político-económico del Ejecutivo para continuar haciendo de la agrotecnología una marca registrada argentina.