En el día de hoy a las 14 hs fueron liberados Matías Paz, Walter “Ají” Mansilla, Jorge Ramos, Eduardo Villagra, Enzo Brizuela, Augusto Brizuela y Damián Abel en la ciudad catamarqueña de Andalgalá. Desde la asamblea "El Algarrobo" confirmaron que seguirán procesadxs igual que Aldo Flores, Sara Fernández y Ailen Diamante Saracho, quienes actualmente se encuentran con prisión domiciliaria.

Los incidentes producidos en las oficinas de la empresa Minera Agua Rica-Alumbrera (MARA) y de la sede del Partido Justicialista local fueron el puntapié inicial para el armado de una causa por estrago doloso, que comporta una pena de hasta 10 años de prisión. Desde el Algarrobo se afirmó que el fuego lo iniciaron “infiltrados” y que se “trató de una zona liberada” y que hay un hecho concreto en relación a los 11 años de pronunciamiento de manera pacífica. Sin embargo los detenidos deberán responder por distintos delitos, entre ellos daños, violación de domicilio, hurto calificado e incendio doloso.

Marta Nieva, quien es la fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial en la ciudad de Andalgalá firmó un decreto de liberación de los detenidos bajo caución. Una vez que se vencieron los plazos y ante la imposibilidad de encontrar pruebas para pedir la prisión preventiva, dio lugar al pedido de Juan Figueroa, el abogado defensor, y accedió a bajar la desmedida caución que impuso de $300.000 a $150.000 para liberar a los detenidos. 

Son múltiples las medidas que se impusieron. Entre ellas la fiscal Nieva dispuso que deberán presentarse cada 10 días en las oficinas de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial y no podrán ausentarse de sus domicilios sin la autorización judicial. Además, no se les permitirá mantener contacto con los denunciantes. 

Otra vez los gobiernos de turno defienden los intereses de las corporaciones mineras por encima de un pueblo que hace años lleva contradiciendo las lógicas extractivistas en el territorio catamarqueño. La causa contra los activistas ha sido una muestra de la violencia con la que el Estado actúa al servicio de las mineras. Desde la asamblea se difundió un comunicado en el que asevera:

"Los incidentes en las oficinas de Agua Rica no fueron meros actos de vandalismo, como pretenden hacernos creer. Hay que inscribirlos dentro del contexto de lucha histórica de un pueblo que ya se ha cansado de decir no, y que no lo escuchen. Quieren mostrarnos como violentos cuando desde la misma empresa en complicidad con el poder de turno, fueron preparando el escenario para tal suceso."

Continua "eco-conciencia (o inconsciencia) y algunos nefastos personajes ligados a esa institución, nombraron a muchxs de nosotrxs en sus impresentables “mesas de diálogo”, en la que solamente hacen lobby minero de forma descarada. Haciendo cartel de una supuesta intelectualidad, nos llaman anonistas".

La semana pasada fue noticia que la fiscal Soledad Rodríguez, quien ha llevado una parte importante del proceso de la causa y quien fue fuertemente cuestionada por sus vínculos con las corporaciones mineras, fue desplazada por Marta Nieva. La nueva fiscal es conocida por llevar adelante persecuciones y detenciones en Andalgalá en el año 2010. A pesar de la rotación de fiscal, la orientación de la causa fue la misma. La fiscal Nieva fue a fondo con el intento de continuar con los detenidos por el mayor tiempo posible y cuando las instancias judiciales se habían agotado, hizo un pedido exorbitante de caución de 300.000 pesos.

En este contexto el comunicado del Algarrobo fue contundente: "¿qué vuelta de tuerca pretende dar Jalil frente a las manifestaciones masivas en contra de su proyecto de muerte? ¿no le resulta ya evidente que no hay forma de obtener la licencia social?" y continua "tuvieron que apretar a 12 vecinxs, mantenerlos en prisión, cometer apremios ilegales, violar sus derechos humanos, hostigar al resto de lxs asambleístas con métodos de la época de la dictadura, y aún así, no puede obtener la licencia social".